Press release

Una vez realizadas las transferencias en materia sanitaria son las Comunidades Autónomas las que, en virtud de sus propios Estatutos, tienen total competencia en esta materia

Cuatro entidades financieras -BBVA, SCH, BANESTO y Banco Urquijo- han llegado a un acuerdo con la secretaría de Estado de la Seguridad Social para prorrogar el convenio de asistencia sanitaria que, como entidades colaboradoras prestan a sus empleados, y que vencía el pasado 1 de mayo.

Por el contrario, Unión Fenosa e Iberdrola han dado por concluido su acuerdo de colaboración, por lo cual sus trabajadores recibirán asistencia de los servicios sanitarios de sus respectivas comunidades autónomas. En la actualidad hay diecisiete entidades colaboradoras en toda España que ofrecen este servicio a un total de 222.134 personas, de las que 94.841 son empleados y el resto familiares beneficiarios.

Madrid es la comunidad que cuenta con más entidades colaboradoras, diez en total, y la propia comunidad autónoma presta este servicio a sus trabajadores.

En años anteriores, grandes compañías como Telefónica, La Caixa y la Once concluyeron los acuerdos de colaboración que antes prestaban, aunque el cese de colaboración no ha ocasionado problemas para sus empleados pues pasan automáticamente al sistema sanitario.

COMPETENCIA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

La Seguridad Social ha formalizado con las cuatro empresas colaboradoras la prórroga del acuerdo, pero recuerda a través de un informe de la Secretaría General Técnica, anterior al cambio de Gobierno, que la competencia en materia de sanidad es de las Comunidades Autónomas y que, por tanto, son ellas las que tienen que ordenar la financiación de los servicios que tienen asumidos

El texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social del año 1994 establece un sistema de colaboración de las empresas en la gestión de la asistencia sanitaria y de la incapacidad temporal, derivadas de enfermedad común y accidente no laboral (artículo 77.1, b), cuya financiación sufrió un importante cambio tras la firma del Pacto de Toledo, al establecerse el proceso de separación de fuentes entre el Sistema Nacional de Salud -la sanidad se financia con cargo a los impuestos-, y el Sistema de Seguridad Social, que se financia con las cotizaciones sociales.

Antes del Pacto de Toledo, la asistencia sanitaria de las entidades colaboradoras se financiaba con una compensación en las cuotas que tenían que pagar por el importe de las prestaciones que ofrecían. A raíz del Pacto de Toledo, el Estado asumió la financiación habilitando el procedimiento para hacer efectivo el importe de la compensación a las empresas colaboradoras en la gestión de la asistencia sanitaria, competencia que fue transferida a las Comunidades Autónomas a medida que la fueron asumiendo. El proceso de transferencia de la sanidad a las comunidades se completó a 1 de enero de 2002 .

Según la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, "La compensación económica se establecerá en función de los trabajadores protegidos y dará lugar a la percepción de un importe que no podrá ser inferior al que actualmente se viniera percibiendo por la empresa, salvo que este último fuera superior al coste medio en el INSALUD de las prestaciones que cubre la colaboración, en cuyo caso será dicho coste el límite de la compensación a realizar.



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